El Estado de Empresas y Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos

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En las Américas, existen retos importantes en relación a los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos, donde estas afectan los individuos y las comunidades, especialmente a grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, afro- descendientes, campesinos y las mujeres. Como ha señalado el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, sociedad civil muchas veces trabaja en circunstancias difíciles, y demasiado a menudo son objeto de violencia en respuesta a sus esfuerzos para proteger a los derechos humanos frente a las actividades empresariales.

Como resultado, una serie de avances que tratan de abordar esta situación se observa a nivel regional en el contexto de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su sistema de derechos humanos. Estos avances han ocurrido en paralelo a los procesos internacionales de Naciones Unidas (ONU) en materia de empresas y derechos humanos, y recientemente han ayudado a comenzar a regionalizar estándares internacionales, tales como los Principios Rectores de ONU Sobre las Empresas y los Derechos Humanos, a la realidad de las Américas.

Organización de los Estados Americanos

Algunos avances claves en la región se han visto en el seno de la Asamblea General (AG) de la OEA. Desde el año 2001, la AG ha considerado el tema de la responsabilidad social empresarial (RSE). A través de la resolución GA/RES. 1786, el Consejo Permanente de la OEA tuvo por objeto analizar el tema. Posteriormente, la AG aprobó numerosas resoluciones sobre la RSE, en la primera de las cuales manifestaron la necesidad de que los Estados Miembros intercambien experiencias en esta materia, incluso con otras instituciones multilaterales, como también instituciones financieras, empresas y sociedad civil.

En años siguientes, la AG instó a los Estados a promover iniciativas y programas de RSE que hacen explicita referencia a los derechos humanos, incluyendo la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales de OIT y la política social, y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, el Pacto Mundial de ONU, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Principios Voluntarios y para participar en la Iniciativa de Transparencia en la Industrias Extractivas (EITI).

No fue sino hasta 2012 que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, a través de una resolución, reconoció la responsabilidad empresarial de promover y respetar la observancia de los derechos humanos en el curso de sus negocios. Ese mismo año, la AG alentó el diálogo entre las empresas y congresos nacionales, así como a los Estados Miembros a capacitar a las pequeñas y medianas empresas a involucrarse en iniciativas de RSE.

En marzo de 2014, el Comité Jurídico Interamericano publicó el segundo Informe sobre la “Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las Américas.” El informe proporciona una visión general de la evolución de la RSE en el hemisferio. Asimismo, establece una serie de directrices de la RSE para los Estados Miembros específicamente en materia de Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las Américas, que son dirigidas a los Estados y las empresas.

Finalmente, durante la 44° Sesión de la AG de la OEA en junio 2014, se aprobó la primera resolución sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial. La resolución fue presentada por Chile y apoya firmemente a los Principios Rectores de ONU Sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Esta resolución provocó una serie de medidas para promover y aplicar los Principios Rectores en el hemisferio, incluido el intercambio de información y mejores prácticas entre los Estados miembros en una sesión especial sobre esta temática, que se llevó a cabo el 29 de enero de 2015. La sesión especial contó con la participación múltiples actores de estado, sociedad civil y empresas.

La Resolución solicita además a la CIDH que continúe apoyando a los Estados en la promoción y aplicación de los compromisos estatales y empresariales en el ámbito de empresas y derechos humanos.

La Comisión y la Corte Interamericana

Si bien el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, que incluye Comisión y Corte, no ha tradicionalmente abordado el tema de empresas y derechos humanos de manera proactiva o sistemática, ambas instituciones, a través de informes temáticos, jurisprudencia y visitas a países, han contribuido al desarrollo de estándares regionales sobre el tema.

En este sentido, le han aclarado a los Estados Miembros que responsabilidad puede surgir cuando el Estado no supervisa las concesiones otorgadas a empresas y tolera que las empresas privadas violen los derechos de trabajadores, usuarios o comunidades.

A modo de ejemplo, en diciembre de 2009, la CIDH publicó un informe titulado, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.” En el informe la CIDH declara:

Los Estados de las Américas, y las poblaciones que les componen, tienen derecho al desarrollo. Tal derecho al desarrollo ‘implica que cada Estado tiene la libertad de explotar sus recursos naturales, incluyendo [el otorgamiento] de concesiones y la apertura a inversiones internacionales,’ pero el desarrollo debe ser necesariamente compatible con los derechos humanos, y específicamente con los derechos de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros. No hay propiamente desarrollo sin respeto pleno por los derechos humanos. Ello impone limitaciones y deberes de obligatorio cumplimiento a las autoridades estatales. En particular, el desarrollo debe gestionarse en forma sostenible, lo cual exige que los Estados aseguren la protección del medio ambiente, y específicamente del medio ambiente de los territorios ancestrales indígenas y tribales. Como ha explicado la CIDH, ‘las normas del sistema interamericano de derechos humanos no impiden ni desalientan el desarrollo, pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los individuos afectados.  Tal como se señala en la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, sólo podrá sustentarse el progreso social y la prosperidad económica si nuestras poblaciones viven en un medio saludable y se gestionan con cuidado y responsabilidad nuestros ecosistemas y recursos naturales.

Por su parte, la jurisprudencia ha identificado en relación a los derechos de los pueblos indígenas y tribales que los Estados deben respetar y proteger cuando planean extraer recursos del subsuelo o explotar recursos hídricos. En ese sentido, se ha manifestado que todo proceso de diseño, concesión e implementación de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en territorio indígena debe estar acorde al Convenio 169 de la OIT. En caso de que dichos proyectos tengan un impacto adicional, privándolos del derecho al uso y goce de sus tierras y de otros recursos naturales necesarios para la subsistencia, se hace necesario no sólo consultar, sino también obtener el consentimiento libre, informado y previo de dichos pueblos, atendiendo a sus costumbres y tradiciones.

Asimismo, el Sistema Interamericano ha establecido que los procesos de consulta deberían realizarse a través de procedimientos culturalmente adecuados, teniendo en cuenta los métodos tradicionales para la toma de decisiones de los pueblos indígenas, y ser llevados a cabo durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión, o de la concesión extractivas. Por su parte, en caso que no se hayan celebrado las consultas informadas y con la debida consideración con aquellas comunidades que ejerzan el derecho de propiedad sobre esas tierras, se podría impedir a las empresas el derecho al uso y goce de la propiedad en cuestión.

Si bien estos y otros estándares fueron elaborados para los Estados Miembros de la OEA, según los Principios Rectores de ONU, las empresas deben respetar estos y otros estándares relevantes a través de sus operaciones y actividades.

Cabe mencionar que también hace varios años la CIDH ha venido organizado audiencias sobre temáticas relacionadas a los impactos de empresas sobre los derechos humanos en el hemisferio. En marzo 2015, por ejemplo, audiencias pertinentes incluyeron:

  • Denuncias de violaciones de derechos laborales en Nicaragua
  • Derecho de asociación laboral en las Américas
  • Industrias extractivas y derechos humanos del pueblo Mapuche en Chile
  • Empresas, derechos humanos y consulta previa en las Américas
  • Derechos humanos e industrias extractivas en América Latina

Institucionalización de Empresas y Derechos Humanos

Si bien el tema de empresas y derechos humanos se ha abordado por el Sistema Interamericano, no fue hasta noviembre de 2014 que este se institucionalizó en la CIDH.

En virtud del mandato de la CIDH y en consideración de la Resolución de la AG sobre la promoción y protección de los derechos humanos que solicita a la CIDH que promueva la temática de derechos humanos y empresas, la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incorporó el tema en su Plan de Trabajo para 2014-2015.

El Plan reconoce que “resulta fundamental considerar que en los últimos años, la comunidad internacional ha avanzado en el tratamiento del creciente papel de las empresas nacionales y transnacionales, sus impactos sobre los derechos humanos y las correspondientes obligaciones de los Estados en materia de prevención y respuesta frente a tales problemáticas.” Entre otras cosas, el Plan incluye la realización de alianzas y proyectos para la búsqueda de financiación para avanzar en la temática en la región.

En este contexto, se firmó un acuerdo de colaboración entre la CIDH y el Instituto Danés de Derechos Humanos. El acuerdo tiene por objetivo fortalecer los sistemas nacionales de derechos humanos en las áreas de promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), dándole un énfasis al área de empresas y derechos humanos y al desarrollo sostenible en las Américas.

Las acciones que forman parte de éste acuerdo de colaboración incluyen el intercambio de conocimiento y creación de capacidades, brindando asesoramiento a los Estados Miembros de la OEA en la implementación de estándares de empresas y derechos humanos, apoyando la integración de esos estándares en el trabajo de la CIDH, y en una gama de otras actividades.

Ver acuerdo aquí

En consideración de los múltiples desafíos que enfrenta la región en esta materia, los avances en la OEA son señales alentadoras. Como ha señalado, el Director Ejecutivo del Instituto Danés, Jonas Christoffersen, “la protección y el goce de los derechos humanos no pueden ocurrir sin abordar el papel de las empresas. A pesar de que exista claridad en las normas internacionales en ésta materia, solo serán eficaces a través de una implementación regional y nacional. La CIDH es un actor fundamental en éste sentido.”


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